En tiempos de emergencia es claro que la protección y promoción de los derechos humanos pueden estar en peligro. Si en tiempos de emergencia aceptamos que los derechos humanos pueden suspenderse entonces encontramos que no son absolutos. Como es el caso del derecho a la vida, el cual no es un derecho absoluto, ya que se encuentra su contraparte, el derecho a la legítima defensa.
La aplicación y actuación de los gobiernos ante la emergencia implica un acto de malabarear, por un lado, seguir protegiendo los derechos humanos hasta donde sea posible, garantizar la libertad de las personas y entender el estado de necesidad creado por la emergencia.
Una de las preguntas que se hacía Ignatieff cuando analizaba el estado de emergencia ante el terrorismo es ¿cuál sería el mal menor que debe cometer una democracia cuando enfrenta su propia destrucción?
Ahora bien, el estado de emergencia que enfrentamos es uno de carácter diferente, ¿Qué derechos humanos fundamentales tendríamos que dejar de lado para buscar el bien mayor? Sobre todo cuando existen emergencias como pandemias, las cuales dejan a los ciudadanos en un rincón sin salida, el tener que confiar en sus dirigentes para que ellos actúen de manera rápida y decidida, aún más cuando existe un peligro inminente.
¿Nosotros como ciudadanos queremos que actúen rápido y decididamente a pesar de las consecuencias funestas, o no queremos que actúen rápido, con cautela y que también tengamos consecuencias funestas?
El balance sin embargo está en pensar que aún y cuando deben las democracias proteger a las mayorías, al ser liberales, deben también buscar la protección de la libertad y dignidad de las personas de manera individual. Por un lado está la fuerza de privilegiar los derechos de las mayorías y buscar el bien mayor, y por el otro lado gravita la fuerza de privilegiar la dignidad humana de cada individuo. Entre estas dos actúa un gobernante dentro de las democracias.
Aquí en este ejercicio de democracia es donde los gobernantes se enfrentan al problema del tranvía, que se agrava en estado de emergencia, ¿a quién salvar y a quién no salvar? Es decir, fuera de buscar el bien mayor, es buscar hacer el menor mal posible. Una democracia estará siempre buscando la seguridad de la mayoría pero a su vez protegiendo los derechos del individuo, pero un estado de emergencia, en alguno de estos dos dejará de ser garante.
El problema del tranvía se manifiesta con la idea de una pregunta ¿a quién dejar morir, y a quién o quiénes salvar?, un mal menor no deja de ser un mal. Se logró salvar a la mayoría a pesar de dejar morir a una o varias personas. ¿Cómo solventar esta problemática?
Dañar a algunos por salvar a otros, engañar a unos para mantener la calma de todos, matar a algunos para mantener la libertad de los demás, dejar a la mayoría en sus casas para salvar la vida de unos miles, dejar morir de hambre a personas de escasos recursos mientras se salvan empresas privadas, salvar el mercado de valores mientras se deja en la ruina a los ciudadanos, salvar a personas de escasos recursos mientras se deja a su suerte a empresas privadas.
La emergencia implica un gran reto para las democracias, por un lado privilegiar a la mayoría pero a su vez respetando los derechos humanos de cada individuo.
Derecho Internacional y otras ilusiones 